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La justicia da la razón al Ayuntamiento y evita el pago de 16 millones de euros por la recalificación de Fritta

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lunes, 3 de diciembre de 2018

Ayuntamiento, Sala de prensa

Benlloch anuncia la sentencia de Fritta

La justicia da la razón al Ayuntamiento y evita el pago de 16 millones de euros por la recalificación de Fritta

El Ayuntamiento de Vila-real "puede respirar más tranquilo" desde que, hace unos días, conoció la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castelló que desestimaba la reclamación por la que una inmobiliaria ligada a un conocido banco exigía el pago de 16 millones de euros (14,3 millones más intereses) por el conflicto del solar de la antigua Fritta. El alcalde, José Benlloch, ha anunciado la resolución, que, señala, "demuestra que se han hecho las cosas bien". "De todo el tsunami de empastres e ilegalidades urbanísticas del PP, este nos preocupaba especialmente, porque podía suponer la quiebra del Ayuntamiento y muchas dificultades para el futuro, pero hoy sabemos que tenemos un balón de oxígeno", afirma. 

El conflicto de Fritta comienza hace más de una década, cuando la empresa, ubicada en el camino de les Voltes, se va de Vila-real y una inmobiliaria compra sus terrenos, calificados como industriales. En 2008 se inician los trámites para convertirlos en suelo residencial, con el objetivo de construir rascacielos de más de 20 plantas de altura. "El 15 de febrero de 2010, a poco más de un año de las elecciones en las que cambiaría el gobierno municipal, el PP aprueba la recalificación de los terrenos, acción que le valió una notable oposición tanto en el ámbito político como social", recuerda el alcalde. "De hecho", agrega, algunos propietarios se unen y denuncian la situación y el 7 de junio de 2013, dos años después del cambio de gobierno municipal, se emiten dos sentencias que anulan la recalificación de terrenos, al considerar que se beneficia a unos pocos y perjudica a una gran parte de la población". En este momento, la inmobiliaria considera que se le ha provocado un daño y reclama por estos perjuicios, reclamando 14,3 millones, que ascienden hasta los 16 millones sumando los intereses. 

"Siempre hemos defendido los intereses de la ciudad, siguiendo tres pasos básicos: no pagar lo que no se debe y pedir responsabilidades a quien corresponda; pagar el mínimo posible o llegar a acuerdos con propietarios para saldar las deudas con facilidades, y gestionar para reducir y minimizar los riesgos. Esta sentencia es un claro ejemplo del último paso, ya que nos hemos volcado en la defensa de cada euro de los vecinos", concluye.

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