Ajuntament de Vila-real

lunes, 23 de noviembre de 2015

El Ayuntamiento de Vila-real ha resuelto el convenio urbanístico por el cual el anterior gobierno municipal del Partido Popular permitía, entre otros, la edificación de un rascacielos de 20 plantas en la zona industrial de Fritta, al sur de la ciudad. La decisión, adoptada por unanimidad en el Pleno extraordinario, llega después de que en 2013 una sentencia anulara las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de las manzanas 532 y 533 para que los terrenos, de 116.000 metros cuadrados, pasaran a ser suelo residencial. 

El alcalde, José Benlloch, ha tildado de "pelotazo urbanístico" el acuerdo firmado por el PP en 2008, cuando todavía se encontraba al mando del gobierno municipal, y ha destacado que "cinco magistrados calificaron por unanimidad el caso como ilegal". Por eso, el primer edil se ha congratulado de que "hoy desactivemos un nuevo empastre del PP, el más grave de su última legislatura al frente de esta ciudad". 

No obstante, el primer edil lamenta que "la herencia del anterior equipo dará muchos más días de disgustos a esta ciudad". Al respecto, Benlloch recuerda que la anulación del PAI de Fritta supone actualmente para el municipio un riesgo de 14 millones de euros. Por este mismo motivo, Benlloch destaca el "principio de prudencia" aplicado por el equipo de gobierno para llevar a cabo esta rescisión, aprovechando la disolución de la firma PKL Real Estate Agency, con la que se llevó al acuerdo, y el "brutal esfuerzo de los técnicos municipales para librar al Ayuntamiento de una posible condena". "Seguiremos defendiéndonos con todos los instrumentos a nuestro alcance", añade.

En la misma línea se pronuncia también el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol. "El convenio urbanístico, aprobado en su día en solitario por el PP, supone un auténtico pelotazo, tal y como lo catalogarían las facultades del área", indica Obiol, para quien "la intención de crear un rascacielos singular de 20 plantas se ha demostrado -y se demostró en su día- innecesario, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dio la razón a los propietarios, señalando que este acuerdo deja de servir al interés general para ponerse al servicio de intereses particulares".

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una declaración institucional para solicitar una reforma de la financiación autonómica, por la que se insta al presidente de la Diputación a exigir al Gobierno Central esta modificación, así como el reconocimiento del déficit de financiación acumulado cifrado en 12.433 millones de euros desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunidad Valenciana. La declaración también reclama la ejecución, por parte del Estado, de unas inversiones en infraestructuras "equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunidad que compense la insuficiencia inversora de los últimos años".