Ajuntament de Vila-real

viernes, 13 de abril de 2018

El presupuesto del 2018 del Ayuntamiento de Vila-real tendrá que esperar. Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, tras recibir un nuevo auto del Tribunal Supremo que ratifica la obligación de pagar 1,1 millones de euros, más intereses, a uno de los propietarios de los terrenos donde se ubica el colegio José Soriano. "Justo cuando lo teníamos todo preparado para aprobar los presupuestos, hace escasos días nos llegó esta resolución que desmonta nuevamente los cálculos para el 2018", asegura. 

"Una vez más, son las sentencias y obligaciones judiciales que hemos heredado del anterior gobierno popular -que durante 16 años se dedicó a jugar al Monopoly- las que ahora tenemos que gestionar quienes estamos al frente del equipo de gobierno", lamenta. Para Benlloch, este auto es uno de los más duros y que "más vergüenza" causa al equipo de gobierno, ya que "se refiere a un vecino maltratado por el PP y que lleva ni más ni menos que desde 2004 batallando por hacer justicia y luchando contra el consistorio". 

El terreno en el que se ubica el José Soriano estaba delimitado como zona verde escolar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que el propietario de una de las parcelas pidió ejercer su derecho a ser expropiado en el año 2004; petición a la que el equipo de gobierno del PP se niega hasta que se ve obligado por la justicia. Sin embargo, cuando en 2009 aparece la necesidad de construir el colegio, el ejecutivo local de la época paraliza el expediente de expropiación y ejecuta una ocupación directa. "De los 7.000 metros marcados para el centro, 4.000 los cede la familia Soriano a través de un acuerdo y el resto se deben a tres familias distintas a las que se les ocupó su parcela, dos de ellas ya en los tribunales cuando llegamos al equipo de gobierno", recuerda Benlloch. Con una de las familias, las gestiones del equipo de gobierno actual lograron llegar a un acuerdo para el pago de 900.000 euros en cuatro años; acuerdo que supuso un importante ahorro para las arcas de municipales de cerca de 500.000 euros. "Lamentablemente, con este vecino ha resultado del todo imposible el acuerdo, algo que comprendemos", señala. 

De los 1,3 millones que reclama el propietario, el Jurado de expropiación valoró en 2011 el solar en 1.130.000 euros. A esta cantidad deberán sumarse los intereses generados por un proceso que se remonta al año 2004. "El problema está ahora en saber a cuánto ascienden los intereses y a partir de cuándo se generan, ya que son muchos los años que lleva esta persona en litigios; eso es algo que tenemos que saber antes de dar un paso en los presupuestos", aclara. Una vez se sepa cuál es la cantidad final que se debe abonar, el equipo de gobierno tomará una decisión y tendrá que volver a cuadrar los presupuestos. "Si no tenemos margen, tendremos que quitar más de un millón de euros destinados a otras cuestiones para hacer frente a esta resolución", concluye.