Ajuntament de Vila-real

martes, 22 de mayo de 2018

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, han dado cuenta esta mañana a la Junta de Portavoces de la revisión de la ponencia de valores catastrales remitida por el Gobierno central y de la decisión del equipo de gobierno de rechazarla, en base a los informes técnicos municipales, que detectan una grave dispersión de valores. En concreto, la aplicación de la ponencia tal como la plantea la Dirección General del Catastro supondría, para mantener los niveles de recaudación actuales, que la mitad de la población -los vecinos de los barrios y zonas más periféricas-, pagarían entre un 5 y un 50% más, mientras que la otra mitad pagaría entre un 5 y un 50% menos. "Esto, unido a que estamos inmersos en un proceso de revisión del plan general, hace del todo inaceptable esta nueva ponencia", señala Escrig.

El Ayuntamiento en Pleno aprobó, en marzo de 2017, solicitar formalmente al Gobierno central la revisión de la ponencia para ajustar los valores a la realidad del mercado, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el documento remitido por la Dirección General del Catastro genera "importantes distorsiones" en función de la ubicación de las viviendas y "una aplicación injusta de la política impositiva". "Por este motivo, el equipo de gobierno seguirá el consejo de los técnicos, que, en fecha de hoy mismo, han emitido un informe desfavorable. Este documento se remitirá a la Dirección General del Catastro para paralizar la aplicación de esta ponencia", agrega Escrig. 

Entre otros argumentos, el informe firmado por el arquitecto municipal destaca que Vila-real está en estos momentos reiniciando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que generará nuevos usos y expectativas que afectarán los valores futuros de las viviendas. Al respecto, el texto recuerda que "la Dirección General del Catastro viene estableciendo como impedimento para la aprobación de una nueva ponencia de valores que en el momento de su redacción no esté en tramitación ningún planeamiento de ámbito territorial completo". El informe se detiene también en la modificación puntual del PGOU-régimen jurídico de gestión del suelo, en tramitación, para "poder dar salida a la sangría de aprovechamientos urbanísticos heredada del PP", recuerda . 

Una tercera línea argumental se refiere a las condiciones en las que se han elaborado las ponencias. "La ponencia de valores vigente (2006) se elaboró en un momento de auge del mercado inmobiliario, por lo que los valores recogidos quedaron desfasados al alza, como consecuencia de la brutal caída del mercado inmobiliario [¿]. La nueva ponencia se ha redactado justo en el escenario contrario, en un mercado inmobiliario de liquidación de stock que no se corresponde con su valor real, teniendo incluso un valor inferior al de su construcción", afirma el informe. "Si a esto añadimos que la crisis ha depurado las expectativas urbanísticas del municipio y ha sentado las bases para el establecimiento de un modelo de ciudad más sostenible, estamos ante una ponencia de valores que no recoge la realidad actual ni la resultante del planeamiento urbanístico en tramitación", concluye el informe, que argumenta también otro tipo de consideraciones técnicas sobre la fórmula utilizada para las valoraciones para rebatir la ponencia.

La aplicación de la nueva ponencia supondría una reducción de la recaudación de ocho millones de euros. "Esta cifra es absolutamente inviable para una ciudad como Vila-real, y más teniendo en cuenta el lastre de sentencias y resoluciones urbanísticas que arrastramos del Partido Popular", valora Escrig. "Nada nos gustaría más que poder bajar la contribución a los ciudadanos, a todos por igual; si el PP no hubiera pasado por esta ciudad, seguramente habríamos podido hacerlo", agrega la responsable de Hacienda, quien recuerda que el actual gobierno local ha mantenido invariable la presión fiscal desde 2011.