Ajuntament de Vila-real

domingo, 18 de marzo de 2018

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, se han reunido esta semana con el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Francisco Javier Quesada, para tratar de desbloquear la modificación puntual del PGMOU solicitada hace ya hace más de un año, que daría solución al riesgo de 231 millones de euros por aprovechamientos urbanísticos generados por la gestión del suelo en los años de gobierno del PP, aplicando los nuevos instrumentos introducidos por la LOTUP. Además de instar a la Generalitat a resolver con urgencia sobre esta modificación, Benlloch ha trasladado a los responsables del Consell la intención del equipo de gobierno de relanzar también la revisión del plan general iniciada en 2008. 

"En los nefastos años del mal llamado urbanismo a coste cero, el PP de Vila-real se dedicó a vender parcelas en la luna, concediendo a los propietarios derechos de metros de techo, a cambio de solares, que sabían que era imposible materializar. A estos aprovechamientos ficticios se suma, a partir de 2008, una revisión del plan general también irreal, que planteaba un Vila-real para 130.000 habitantes", apunta Benlloch, quien recuerda que la propia Generalitat del PP consideró inasumible este PGOU. "Cuando llegamos al gobierno municipal en 2011", incide, "encontramos una revisión de plan imposible y una gestión urbanística perversa, a base de reservas de aprovechamiento, con las que el PP se dedicó a jugar al casino con los derechos y el suelo de los vila-realenses". "El resultado de esta tremenda irresponsabilidad es la sangría de empastres y sentencias a las que tenemos que hacer frente ahora, con cerca de 30 millones pagados ya y los que, lamentablemente, quedan por llegar", lamenta. 

Hasta el año 2015, con la entrada en vigor de la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el consistorio de Vila-real no contó con los instrumentos necesarios para plantear una salida a la situación. "Esta nueva legislación, de la que todavía no tenemos ni reglamento, nos proporcionó los instrumentos necesarios para empezar a tejer una salida a los empastres urbanísticos del PP en Vila-real", señala el alcalde, mediante bolsas de suelo urbano en las que en su día hubo industrias para materializar los derechos de los propietarios. El estudio, que calcula en 231 millones de euros el riesgo futuro por reservas de aprovechamiento, se remitió a la Conselleria de Medio Ambiente para su evaluación ambiental y estratégica en noviembre de 2016. 

"Desde entonces, se han tramitado una decena de consultas a otras administraciones y mantenido contactos y reuniones con la Dirección General del Medio Natural para tratar de avanzar en una solución de vital importancia para el futuro de Vila-real. Sabemos que es complicado, que cualquier modificación de planeamiento debe tener garantizados los recursos y dotaciones que aseguren la sostenibilidad y vertebración del territorio, pero ha pasado ya más de un año y no podemos esperar más; es urgente que la Conselleria se pronuncie ya sobre este documento para que podamos avanzar en la solución al empastre urbanístico del PP en Vila-real. Y así se lo trasladamos al secretario autonómico", valora Benlloch.

Paralelamente a este proceso, el alcalde trasladó a la Conselleria la intención del equipo de gobierno de relanzar la revisión del plan general, en tramitación desde el año 2008, adecuándolo a las necesidades y perspectivas reales de la ciudad. El proceso de revisión del PGOU se inició en 2008, con la aprobación por el Pleno Municipal del estudio de paisaje y el concierto previo, que se remitió a la Conselleria en mayo de 2009. En febrero de 2011, se sometió a información pública la versión preliminar del plan general, que fue informado por la Comisión de Evaluación Ambiental en julio de 2012. En este informe, el organismo autonómico subrayó las deficiencias y desajustes del documento.